El 3 de enero de 2018, la nieta de Carmen Montaño y Juan Francisco Guijarro fue sustraída del hospital de Castellón por los servicios sociales dependientes de la Consejería de Igualdad. Nada más nacer. Desde ese mismo momento, la madre y los abuelos de la bebé, hoy de 4 años de edad, y con un hermanito de 2 con doble vínculo - hermano de padre y madre -, emprendieron una batalla legal por recuperarla en un proceso en el que acabaron imputadas, entre otros, la ex vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, y Carmen Fenollosa Egea, la directora territorial de Valencia, también investigada en el caso de encubrimiento institucional de los abusos del marido de Oltra que, desde mayo de 2021, se instruye en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia. .
En 2018, Fenollosa era la directora territorial de Castellón y fue firmante del expediente que declaraba el desamparo a la recién nacida, que fue entregada en septiembre del mismo año a una familia ajena a su entorno biológico, sin vínculo sanguíneo alguno y cuya titularidad ha sido insistentemente negada a los abuelos y a la madre a los que, hasta ahora, se les ha ocultado a propósito qué personas tenían a la pequeña. El 21 de julio de este año, EDATV publicaba en exclusiva que los acogedores eran una pareja homoparental, de la cual sólo se conocía el nombre de uno de los dos hombres, pues el nombre del otro miembro de la pareja figuraba como protegido en todos los documentos judiciales por algún motivo desconocido, algo que, como mínimo, infería que este hombre disfrutaba de algún tipo de trato de favor por parte de la administración. ¿Cuál era el motivo?
¿Quién era la persona que había logrado que la administración autonómica y las personas imputadas en el procedimiento judicial, no sólo hicieran caso omiso a las peticiones de la madre y de los abuelos de poder visitar a la niña, sino que llegaran a coaccionarles y a catalogar su insistencia en recuperar a la niña por la vía legal como una "actitud bélica"? ¿Qué ciudadano corriente, en calidad de acogedor y pre-adoptante, cuenta con una administración política empeñada en desobedecer tres sentencias de tres instancias judiciales distintas - Primera Instancia, Audiencia Provincial, y Tribunal Supremo -, a favor de la familia biológica, dejando sin efecto la resolución de la administración que acordaba la guarda con fines de adopción por parte de dos hombres desconocidos?
¿Cómo es posible que, tanto la madre como María Montaño y Juan Francisco Guijarro no hayan podido recuperar a su nieta con un informe elaborado por los propios técnicos de la Consejería en el que se reitera la capacitación de los demandantes en sus aspiraciones y el impacto positivo desde diez los reencuentros semanales entre la menor, sus abuelos, y su hermano pequeño e impuestos por la Justicia a la Consejería de Igualdad? ¿Cómo es posible que una administración pública coaccione a la familia biológica con negarle visitas en un punto de encuentro si no desisten de la vía judicial para recuperar a su hija y nieta? ¿Quién era el hombre acogedor con intención de convertirse en el adoptante de la niña protegido en los papeles?
Ese hombre es Victor Manuel Serra Sanz, amigo personal de Joan Baldoví y de Mónica Oltra, de la cual fue incluso vecino en la valenciana localidad de Ribarroja del Túria, secretario de Igualdad, derechos civiles y LGTBI+ por el PSPV, y próximo vocal del consejo valenciano LGTBI dirigido por Jose de Lamo, el director general de Igualdad en la Diversidad en la Generalidad Valenciana desde que, en 2015, Mónica Oltra llegara a liderar la cartera autonómica, y aún hoy bajo el mandato de la actual consejera de Igualdad, Aitana Más. Serra es, además fundador y presidente de una asociación LGTBI cuyo cuerpo orgánico está compuesto por miembros del PSPV, "Mirall Camp de Túria", una entidad dedicada, entre otras cosas, a impartir charlas sobre la "transexualidad y la intersexualidad" a niños de 10 años o menos a los que también se les enseña que "la masculinidad y la feminidad es una construcción sociocultural". Su vicepresidenta es una histórica del PSPV, Regina Llavata, concejal de Derechos Civiles y Bienestar Social, cercana a Chimo Puig. Su secretaria general es Ana Huerta Machí, una histórica del sindicato CCOO.
Aunque desconocido para el gran público, las relaciones y los vínculos políticos y clientelares de Victor Manuel Serra son ingentes. Presume de su relación con Chimo Puig, el ex delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Joan Baldoví, Mónica Oltra, y la propia Dolores Delgado. Las funciones y responsabilidades orgánicas en su asociación son compartidas con la actual secretaria de la infancia y adolescencia en la ejecutiva provincial del PSPV, Noemí Morales, quien, desde el 2016, fecha de constitución del ente clientelar Mirall Camp de Turia, se ha encargado de impartir talleres sobre la "diversidad trans" como encargada de dicha asociación bajo el lema "La diversitat en joc" en colegios públicos de la Comunidad Valenciana como 'El Campés', 'Lluís Vives' y el 'Mas de Tous' como representante de Mirall Camp de Turia. Su relación y capacidad de influencia en las decisiones relativas a la consejería de Igualdad se antojan, como mínimo, irrefutables.
La otra gran valedora de Serra desde el momento de la asociación ha sido y es otro peso pesado del PSOE, Isabel García, diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia en 2018, momento en el que Serra obtiene a la niña, y amiga personal del ex ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, también en la órbita del adoptante.
En una entrevista realizada en octubre de 2020 al secretario de Igualdad y LGTBI del PSPV, por el medio "El Periódico de Aquí", Serra hace referencia a la pequeña como "los hijos e hijas de familias LGBI", a pesar de que la niña tiene una madre y unos abuelos que nunca han renunciado a ella, y de que la menor no le ha sido concedida todavía en adopción. La alusión de Serra a los pequeños es, en todo momento, como un experimento o una vía la vía para alcanzar un propósito de ingeniería social para beneficio, no de la menor, sino del colectivo:
"El avance de verdad para el colectivo LGBTI vendrá con la diversidad familiar. Todo va a venir conseguido por los hijos e hijas de familias LGTBI. Al final, que lo niños y las niñas convivan con menores de familias LGTBI va a abrirnos un montón, porque, al final, los menores son niños con la mente muy abierta", min 28:55 de 'Entrevistas de Aquí' (26/06/2020 - YouTube)
Los flagrantes vínculos políticos parecen contestar a las incógnitas planteadas en un nuevo caso en el que, como sucede en los juzgados de Valencia en la causa Oltra y con los mismos actores investigados, emana una gravísima actuación prevaricadora en los informes, los dictámenes, las resoluciones y afirmaciones del personal adscrito a la Dirección Territorial. Todos ellos, documentos bajo sospecha de ilegalidad. Resulta obscena la vinculación política y personal de uno de los miembros de la pareja acogedora con aquellos sobre los que existe una clara sospecha de ilegalidad.
En concreto, sobre el expediente administrativo de Victor Manuel Serra, quien, junto a su marido, fue "seleccionado" de forma urgente para tener a la menor en régimen preadoptivo y, posteriormente tras la declaración de nulidad de tales resoluciones administrativas por parte de la Justicia, han sido nuevamente seleccionados como familia de acogida temporal con intención de adopción y que, en manifestaciones públicas, ya se refiere a la niña como "hija de La Familia LGTBI"
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